Petro dijo que era importante que se respetaran los derechos humanos y que era totalmente inaceptable que los deportados estuvieran a bordo de aviones militares con las manos y los pies encadenados, como se ha documentado en varios casos. Esta decisión ha provocado polémica y protestas no sólo en Colombia, sino también en otros países latinoamericanos, que temen que la política de deportación estadounidense sea demasiado dura y hostil con los inmigrantes.

En respuesta a la negativa colombiana, Trump anunció que Estados Unidos impondría un arancel del 25% a todos los productos colombianos importados a Estados Unidos. Estas medidas, que forman parte de la dura política migratoria de Trump, entrarán en vigor de inmediato, dijo. Si Colombia no cambia su posición, los aranceles aumentarán al 50% en una semana. En un post en Truth Social, Trump dijo que era una respuesta necesaria a la negativa de Colombia a participar en las deportaciones y a tratar a los migrantes deportados en términos estadounidenses.

Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha comenzado a utilizar activamente a los militares para las deportaciones, lo que plantea preocupaciones sobre cuestiones éticas y legales en torno al tratamiento de los migrantes que son llevados desde la frontera estadounidense. Esta política formaba parte de las promesas de campaña de Trump de endurecer la política de inmigración y aplicar controles fronterizos más estrictos.

Este incidente pone de manifiesto las crecientes tensiones entre Estados Unidos y América Latina a raíz de la política migratoria de Trump, percibida como demasiado agresiva e irrespetuosa con los migrantes. Colombia no es el único país que se opone a las deportaciones estadounidenses. En el pasado, otros países latinoamericanos han hecho declaraciones similares, criticando no solo el método de deportación, sino también la política en sí, que pretende criminalizar a los migrantes.