Los sindicatos denunciaron la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la cual incluye la privatización de empresas, el establecimiento de un régimen especial de inversiones y una reforma laboral denominada "modernización".
Tambien exigieron mejores condiciones para los trabajadores.
De acuerdo con un comunicado del líder de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, la medida tiene varios destinatarios: el presidente Milei, los gobernadores y senadores, quienes deben tratar la Ley Bases, y los grupos empresarios asociados al ejecutivo nacional.
Algunos de los indicadores evidenciaron que el ajuste no lo paga la casta, sino los sectores más vulnerables.
En ese sentido, la CGT destacó en su declaración la caída real del 31 por ciento en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 en obras públicas, un 39 en subsidios al transporte, un 76 en transferencias a las provincias, un 18 en recorte a las universidades y un 13 en programas sociales
Pese al anuncio gubernamental de poner en marcha el protocolo antipiquetes, además de los trabajadores estatales y de la Unión Tranviarios Automotor, participaron la Asociación Bancaria, la Central de Trabajadores de la Argentina y los empleados de comercio bajo la Federación de Empleados de Comercio y Servicios.