Los Gobiernos firmantes del comunicado consideraron que Castillo fue «víctima de un antidemocrático hostigamiento» desde el día de su elección, que es violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para luego ser objeto de «un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención».
«Nuestros Gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas».
«Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», agregaron.
