La acusación se deriva de sus afirmaciones sobre el migrante sirio Jamal Hijazi, que un tribunal londinense había declarado falsas en un caso de difamación. Robinson también se enfrenta a otro juicio por cargos relacionados con la Ley de Terrorismo 7 de 2000, que se celebrará en noviembre, tras negarse a facilitar a la policía la contraseña para desbloquear su teléfono cuando salió del Reino Unido en julio. La sentencia llega tras una serie de protestas y disturbios populistas de derechas.

Decenas de manifestantes de izquierdas (Gaza, cambio climático) y de derechas (inmigración) han sido detenidos o encarcelados en el Reino Unido este año.

El Anexo 7 de la Ley de Terrorismo de 2000 se utiliza miles de veces al año contra personas que entran, salen o pasan por el Reino Unido para obtener datos y contraseñas sin una orden judicial, la más infame contra David Miranda por las revelaciones de Edward Snowden, pero a menudo contra activistas de los derechos de los musulmanes.

El Reino Unido detiene aproximadamente a diez personas al día por delitos de expresión.

Las facciones de la sociedad británica suelen celebrar la censura, detención o encarcelamiento de sus rivales sociales o políticos por un discurso (lamentable desde su punto de vista) que conduce a un poder estatal cada vez mayor sobre el conjunto de la población.